Ana Cernov es la coordinadora del programa Sur-Sur de Conectas. AWID conversó con ella sobre la actual crisis política en Brasil. El detallado análisis de Cernov nos ayuda a comprender los efectos de largo plazo sobre la sociedad civil y los derechos humanos en Brasil.
AWID: ¿Cuál es la actual situación en Brasil? ¿Podría decirnos sobre las continuas represiones y la violenta reacción contra la democracia?
Ana Cernov (AC): La crisis política en Brasil nos preocupa, en particular, debido a las profundas consecuencias e impactos negativos en las instituciones democráticas y los derechos humanos. La destitución de unx jefx de Estado es un asunto serio y, como tal, se justifica sólo en circunstancias extremas y excepcionales. Hay dudas acerca de la legitimidad política y el arreglo a derecho del proceso de acusación contra la presidenta Dilma Rousseff por el cargo de infringir leyes de presupuesto.
No obstante, más allá de si Rousseff es o no apartada de su cargo de forma definitiva, es indiscutible que, a partir de ahora, las fuerzas que se reunieron en apoyo del gobierno interino ya han anunciado medidas que, con el pretexto de combatir la crisis económica, constituyen de hecho un ataque contra los derechos civiles, políticos y sociales consagrados en la Constitución Federal de 1988.
Es verdad que el país está todavía muy lejos de alcanzar las metas establecidas en la Constitución, tales como erradicar la pobreza y reducir la desigualdad social. Pero también es verdad que desde la redemocratización se ha progresado en ese camino. Por esto es necesario defender categóricamente las recientes, y por lo tanto frágiles, victorias y declarar que cualquier medida que resulte en retrocesos encontrará fuerte resistencia y condena por parte de los movimientos de derechos humanos.
Debemos condenar la pérdida de importancia de los derechos humanos en la agenda de este gobierno interino. No sólo pero sí especialmente los cambios institucionales que anunciaron que el nuevo Ministerio de Justicia y Ciudadanía absorbería al Ministerio de las Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos. Las intenciones confesas del partido del presidente interino, Michel Temer, de terminar con las exigencias constitucionales de gasto público en salud y educación también indican una decisión política que amenaza garantías sociales en Brasil.
El alineamiento de fuerzas conservadoras en el Congreso ha tenido como resultado algunas iniciativas muy preocupantes.
Estas incluyen proyectos de ley que amenazan el principio de laicidad del Estado brasileño, por ejemplo un llamado para cambiar la Constitución de manera que entidades religiosas puedan cuestionar leyes aprobadas (PEC 99/2011). Hay también una larga lista de propuestas pendientes en el Congreso Nacional que se proponen restringir los derechos sexuales y reproductivos, como la Ley de Familia y modificaciones del Código Penal que criminalizan a las mujeres y a lxs profesionales de la salud que asistan a víctimas de violencia sexual.
En el campo de la justicia penal, hay un riesgo inminente de que se baje la edad de imputabilidad y que se aumente la duración de las condenas.
La crisis económica que el país está atravesando demanda un abordaje equilibrado por parte del gobierno interino, de manera que los derechos humanos no sean la moneda de cambio ni en la política interna ni en la política internacional de Brasil. Lamentablemente, las declaraciones públicas del presidente interino y su Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) son una señal de grave riesgo de que los intereses privados se van a imponer por sobre los públicos.
Los derechos laborales son evidentemente vulnerables, dado que ya se presentó un proyecto de ley del PMDB que permitiría que los convenios colectivos de trabajo negociados entre empleadxs y empleadorxs prevalezcan sobre las leyes laborales, incluso cuando esto implique pérdidas para lxs trabajadorxs. También existe preocupación por el debilitamiento de los estándares de responsabilidad ambiental y social empresaria, y de los permisos ambientales para los proyectos de gran escala.
Hay algunos proyectos de ley pendientes en el Congreso que son alarmantes, como por ejemplo una enmienda constitucional que disminuiría los requisitos para los permisos ambientales y la aprobación de un nuevo Código de Minería sin las modificaciones necesarias para prevenir desastres ambientales como el ocurrido en Mariana/Rio Doce o para garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas. El mismo patrón de privilegiar los intereses privados a expensas de los derechos humanos puede verse en las amenazas contra los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales de Brasil, por ejemplo, al no permitir la demarcación de sus tierras.
También hay señales de alerta acerca de que la política exterior de Brasil podría verse reducida a un mero instrumento para promover el comercio del país. La Constitución Federal declara que las relaciones internacionales de Brasil deben dar primacía a los derechos humanos. De particular preocupación es el rol que la industria nacional de armas podría tener en este intento de promocionar por el mundo el comercio de Brasil.
En conversaciones que hemos sostenido, aparece una preocupación creciente por cómo se están construyendo historias alrededor de los modos de actuar de la sociedad civil, como si representaran una amenaza para lxs ciudadanxs comunes. Por ejemplo, hubo discusiones sobre si es necesario crear una ley específica con penas más duras para el daño a la propiedad privada. Están convenciendo a la sociedad de que las protestas, ocupaciones y otras estrategias comunes de los movimientos sociales y la sociedad civil son peligrosas y dañinas. Este discurso probablemente acarree efectos negativos de larga persistencia.
AWID: ¿Cuál cree que es el rol de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos para enfrentar y comprometerse con la actual crisis en el país?
AC: Los movimientos y organizaciones sociales tienen un rol importante en este momento, que es mantenerse alerta e identificar reacciones violentas contra las garantías en términos de derechos. La constitución brasileña de 1988, escrita a tres años del fin de nuestra dictadura (Brasil estuvo gobernado por una dictadura militar desde 1964 hasta 1985), todavía se puede considerar progresista y de avanzada por los importantes compromisos contenidos en su texto.
Las amenazas contra ella han aumentado mucho en el pasado mes con el gobierno interino, pero ya hacía algún tiempo que estaba en riesgo. Brasil tiene un sistema político que exige el armado de alianzas entre sus 39 partidos políticos para formar coaliciones y mayorías tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo. Debido a eso, las coaliciones suelen conformarse en torno a intereses económicos y reúnen a grupos de interés que estando alineados pueden ser aún más peligrosos para los derechos humanos. Un ejemplo es lo que llamamos el grupo BBB: Biblia, Balas y Bovinos, que representa a la industria armamentista, a la industria ganadera y el agronegocio en general y a las iglesias evangélicas, cuyos intereses y poder están creciendo.
Todos ellos forman una combinación explosiva para la tierra, el medio ambiente y los derechos lgbti y de las mujeres.
Desafortunadamente, nuestro país tiene una estructura política en la cual los hombres blancos millonarios son quienes tienen acceso a las candidaturas y a ser electos diputados. No representan a la población del país, que en su mayoría es femenina y negra. Pero tienen el poder de usar a los gobiernos en su provecho y el de sus aliados. Sin una reforma política, cuando se supere esta crisis, habrá otra a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, incluso a pesar de los retrocesos que amenazan a nuestra todavía joven democracia, tenemos una sociedad civil muy activa y dinámica. Los logros del proceso democrático desde 1985 están directamente relacionados con eso, con los movimientos y organizaciones sociales que garantizan que se denuncie la injusticia, expresan preocupaciones y son parte de la construcción de soluciones.
AWID: Dado que su trabajo es de manera global, en especial en compromisos Sur-Sur, ¿podría trazar algún paralelismo entre lo que está ocurriendo ahora en Brasil y las tendencias el algún otro lugar, globalmente?
AC: Lo que está sucediendo en Brasil no es un caso aislado. Hay una oleada de nuevos gobiernos en América Latina, específicamente, que se está inclinando a la derecha y poniendo más énfasis en una agenda económica, en detrimento de otra focalizada en lo social. El papel de los intereses privados está creciendo, otra vez, en detrimento de los intereses públicos, y con eso, se ha devaluado a la sociedad civil en su rol de impulsar la democracia.
Esta agenda económica trajo mayores amenazas para la sociedad civil. No sólo tiene que enfrentar la captura corporativa de nuestros gobiernos, sino que también tiene que enfrentar las recomendaciones de instituciones internacionales y multilaterales que terminan restringiendo su funcionamiento.
Un ejemplo claro es el rol que tuvo durante la última década la FATF, Financial Action Task Force [Equipo de Trabajo sobre Acción Financiera], una institución multilateral poco conocida vinculada a la OCDE, que fomentó medidas antiterroristas. Con su paquete de recomendaciones, la FATF alerta a los países de que la sociedad civil puede ser particularmente vulnerable a ser usada por los grupos terroristas para su financiamiento y que por lo tanto debe estar mejor controlada. Esta sola recomendación de la FATF tuvo como resultado que se implementaran una serie de mecanismos de control de las ONG en una cantidad de países tanto del norte como del sur, concretamente listados donde se registra a las ONG, control burocrático y restricciones al financiamiento.
Conectas, juntamente con una Coalición de organizaciones de monitoreo del GAFI (The Non-Proft Platform on the FATF, en su denominación en inglés) - logró presionar el órgano para cambiar su directiva relacionada con la sociedad civil, la Recomendación 8. En su plenaria realizada en junio, el GAFI aceptó la sugerencia hecha por la plataforma y cambió la redacción de esta Recomendación a los gobiernos. Así la nueva redacción de la recomendación refuerza la necesidad de que sea hecho un análisis de riesgo a fin de no desalentar actividades legitimas de organizaciones y movimientos.
Luego del 9/11, este incentivo para la agenda económica ha hecho crecer rápidamente el número de leyes antiterroristas en todo el mundo y con eso más se limita a la sociedad civil para actuar en la demanda de derechos. A menudo se incluyen limitaciones a las protestas dentro del alcance de las provisiones de las leyes antiterroristas y la experiencia muestra que no es raro que se las use contra movimientos y organizaciones sociales que están haciendo reclamos incómodos.
La ley antiterrorista de Brasil se aprobó en febrero pasado, luego de que la presidenta Rousseff la pusiera en vía rápida. Tenemos la seguridad de que será usada para criminalizar la disidencia y los incómodos reclamos de derechos, como ha sucedido en tantos otros países.
No sólo porque puede traernos un aprendizaje invalorable, sino también porque cada paso que avanzamos puede ser celebrado en solidaridad, y esa fuerza es lo que hará que nuestras organizaciones y movimientos puedan remover los obstáculos que se están imponiendo globalmente sobre la sociedad civil.