Lxs defensorxs se identifican a sí mismas como mujeres y personas lesbianas, bisexuales, transgénero, queer e intersex (LBTQI) y otrxs que defienden derechos y que debido a su trabajo en derechos humanos están bajo riesgos y amenazas específicos por su género y/o como consecuencia directa de su identidad de género u orientación sexual.
Lxs defensorxs son objeto de violencia y discriminación sistemáticas debido a sus identidades y su inclaudicable lucha por derechos, igualdad y justicia.
El Programa Defensorxs colabora con contrapartes internacionales y regionales así como con lxs afiliadxs de AWID para crear conciencia acerca de estos riesgos y amenazas, abogar por medidas de protección y de seguridad que sean feministas e integrales, y promover activamente una cultura del autocuidado y el bienestar colectivo en nuestros movimientos.
lxs defensorxs enfrentan los mismos tipos de riesgos que todxs lxs demás defensorxs de derechos humanos, de comunidades y del medio ambiente. Sin embargo, también están expuestas a violencia y a riesgos específicos por su género porque desafían las normas de género de sus comunidades y sociedades.
Nos proponemos contribuir a un mundo más seguro para lxs defensorxs, sus familias y comunidades. Creemos que actuar por los derechos y la justicia no debe poner en riesgo a lxs defensorxs, sino que debe ser valorado y celebrado.
Promoviendo la colaboración y coordinación entre organizaciones de derechos humanos y organizaciones de derechos de las mujeres en el plano internacional para fortalecer la capacidad de respuesta en relación a la seguridad y el bienestar de lxs defensorxs.
Apoyando a las redes regionales de defensorxs y de sus organizaciones, tales como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensorxs de Derechos Humanos y la WHRD Middle East and North Africa Coalition [Coalición de Defensorxs de Derechos Humanos de Medio Oriente y África del Norte], promoviendo y fortaleciendo la acción colectiva para la protección, poniendo el énfasis en establecer redes de solidaridad y protección, promover el autocuidado y la incidencia y movilización por la seguridad de lxs defensorxs.
Aumentando la visibilidad y el reconocimiento de lxs defensorxs y sus luchas, así como de los riesgos que enfrentan, a través de la documentación de los ataques que sufren, e investigando, produciendo y difundiendo información sobre sus luchas, estrategias y desafíos.
Movilizando respuestas urgentes de solidaridad internacional para lxs defensorxs que están en riesgo a través de nuestras redes internacionales y regionales y de nuestrxs afiliadxs activxs.
Liliana was a teacher, a weaver, and a well recognized writer from Argentina.
Her trilogy La saga de los confines received several awards and is unique in the fantasy genre for its use and re-imagining of South American Indigenous mythology.
Liliana’s commitment to feminism was expressed in the diverse, rich and strong women voices in her writing, and particularly in her extensive work for young readers. She also took public positions in favour of abortion, economic justice and gender parity.
Ya tienes el producto final y completo de la investigación organizado y editado. Ahora querrás facilitar la difusión de los resultados y para ello necesitarás que sean visualmente accesibles e interesantes.
En esta sección
- Prepara el informe extenso para la difusión pública
1. Piensa tal como lo hace tu público
2. Trabaja con profesionales del diseño
3. Asegura la consistencia de los productos- Controla la calidad de las traducciones
Considera la posibilidad de elaborar productos más breves además del informe extenso.
Como dijéramos en «Sintetiza los resultados de la investigación», AWID muchas veces prepara productos más breves a partir del informe de investigación completo. Esto permite difundirlo más y mejor entre audiencias específicas de importancia clave.
Siempre ten presente cuál es la población a la que te diriges: ¿quién va a leer tu informe?
Ejemplos de productos breves derivados de un informe más extenso:
Todo el tiempo nos bombardean con información. Para conservar el interés de la audiencia, el producto deberá tener un atractivo visual. Una vez más, saber qué quieres lograr y a quién esperas llegar, permitirá que quien se encargue del diseño pueda crear productos para audiencias específicas.
Un informe escrito de muchas páginas en PDF tal vez te parezca la única forma posible de presentar la investigación, pero a mucha gente le puede resultar abrumador — sobre todo en Internet.
Si quieres compartir el producto con una comunidad en línea, piensa en crear memes e infografías para usar en las redes sociales, blogs y plataformas virtuales.
Para decidir si vas a crear o no productos más breves, piensa si podrás dividir los resultados en varios productos más breves para compartirlos con poblaciones específicas o en distintos momentos del año, reavivando así el interés por el producto.
Si cuentas con un tiempo limitado y el presupuesto te lo permite, te recomendamos contratar a profesionales del diseño.
Por razones económicas puedes sentir la tentación de pedirle al personal de tu organización que le dé formato al informe. Pero un diseño gráfico profesional puede marcar una gran diferencia en el aspecto del producto final y por lo tanto en el impacto que podrá alcanzar.
Las personas que se encarguen del diseño (ya sean de tu organización o contratadxs) deben ser capaces de:
¿Qué necesitarás aportarles a quienes se encarguen del diseño?
Recuerda que estarás trabajando con profesionales del diseño, que no necesariamente conocen las temáticas de las mujeres ni tampoco los resultados de la investigación, sobre todo si son personas contratadas y que no forman parte de tu organización.
Comunícales qué elementos del informe son importantes para ti y cuál es tu audiencia. Ellxs te sugerirán formas de destacar esos elementos y de hacer que todo el producto resulte atractivo a lxs usuarixs.
Cuando hayas creado un conjunto de productos informativos más breves, no olvides vincularlos entre sí:
También es importante que el personal que hizo la investigación se involucre en este estadio del proceso, para garantizar que todos los productos derivados sean consistentes con los resultados de la investigación.
Una vez que hayas completado el diseño y la presentación del informe de investigación en su versión final, asegúrate de volver a enviar a traducir cualquier modificación que se haya producido en la terminología o el contenido.
Si además creaste productos breves, una vez que estén diseñados y listos para ser difundidos también necesitarás contar con copias en los idiomas a los que se tradujo el informe. Las traducciones deben ser lo suficientemente claras como para que quien se encarga del diseño pueda elaborar los productos aun si no habla el idioma en que están escritos.
Una vez completadas las traducciones, asegúrate de que una persona que sea hablante nativa del/los idioma/s que corresponda/n las revise, antes de difundirlas.
7. Sintetiza los resultados de la investigación
• 2 - 3 meses
• 1 persona (o más) de investigación
• 1 Editor (editor web o si crea un producto en línea)
• Personal o empresa de diseño
• Traductores, de ofrecer encuesta en varios idiomas
• Lista de los espacios en línea para la difusión
7. Sintetiza los resultados de la investigación
9. Haz incidencia y cuéntale al mundo
La Cooperativa Textil Nadia Echazú lleva el nombre de una pionera en la lucha por los derechos de las personas trans y travesti en Argentina. En muchos sentidos, el trabajo de la cooperativa celebra la vida y el legado de Nadia Echazú, que tuvo una notable trayectoria activista.
Era una de las cofundadoras de "El Teje", el primer periódico trans de América Latina, junto a Lohana Berkins, Diana Sacayán y Marlene Wayar. Nadia formó parte de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y fundó la Organización de Travestis y Transexuales de Argentina (OTTRA).
Poco después de su muerte, sus compañeras activistas fundaron la cooperativa en su nombre, para honrar la profunda huella que dejó en el activismo trans y travesti en Argentina.
Anna creció en Lewes, Sussex (Reino Unido) y se mudó a Bristol, donde se hizo plomera, luego de decidir que no iba a continuar con su carrera de Inglés en la Universidad de Sheffield.
Dedicó mucho de su tiempo a defender a las personas marginadas y sin privilegios, a participar de marchas antifascistas y a ofrecer apoyo a las mujeres de la Granja Dale cuando estuvieron bajo amenaza de desalojo. Vegana y amante de los animales, participó en sabotajes a partidas de caza y su nombre es honrado en el Monumento «Árbol de la vida», de PETA. En mayo de 2017, Anna se trasladó a Rojava llevada por su fuerte compromiso con el empoderamiento de las mujeres, la plena representación de todas las identidades étnicas y la protección del ambiente.
Murió el 15 de marzo de 2018, al ser alcanzada durante un bombardeo aéreo de fuerzas turcas a la ciudad de Afrin, en el norte de Siria. Anna cayó combatiendo junto a las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ).
En tant que féministes luttant pour la justice de genre, la paix, la justice économique, sociale et environnementale, nous savons qu'il n'existe pas de recette miracle, mais plutôt un éventail de possibilités qui peuvent faire changer les choses, et qui les font changer.
Cet éventail d’options est aussi diversifié que nos mouvements et les communautés dans lesquelles nous vivons et nous luttons.
Avant de vous présenter quelques-unes de ces propositions féministes pour un autre monde, voici les principes qui encadrent nos propositions :
Nous croyons qu'il ne doit pas y avoir un seul modèle pour tous, et que chacun-e doit avoir le droit de revendiquer et de contribuer à la construction d'un autre monde possible, comme le formule le slogan du Forum social mondial.
Cela inclut le droit de participer à la gouvernance démocratique et d'influer sur son avenir, politiquement, économiquement, socialement et culturellement.
L'autodétermination économique permet aux peuples de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles et d'utiliser ces ressources pour atteindre leurs propres objectifs ou pour un usage collectif. En outre, le pouvoir d’agir des femmes dans la sphère économique est fondamental pour atténuer le caractère souvent cyclique de la pauvreté, le déni de l'éducation, de la sécurité et de la sûreté.
Le principe de l'égalité réelle est énoncé dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. Ce principe est fondamental pour le développement et la transformation vers une économie juste, car il affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux.
La non-discrimination fait partie intégrante du principe d'égalité, qui veille à ce que personne ne soit privé de ses droits en raison de facteurs tels que la race, le sexe, la langue, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, une opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.
La dignité inhérente à toute personne sans distinction doit être maintenue et respectée. Alors que les États doivent veiller à l'utilisation d’un maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits humains, le fait d’exiger ces droits et la dignité est un enjeu clé pour la lutte de la société civile et la mobilisation populaire.
Ce principe, mis en œuvre par les efforts coordonnés visant à transformer les institutions injustes, soutient le rétablissement de l’équilibre entre la « participation » (entrées) et la « distribution » (sorties), lorsque celui-ci est rompu.
Il permet de poser des limites à l'accumulation monopolistique de capital et d'autres abus liés à la propriété. Ce concept est fondé sur un modèle économique qui repose sur l'équité et la justice.
Pour changer les choses, nous avons besoin de réseaux féministes solides et diversifiés. Nous avons besoin de mouvements qui renforcent la solidarité du niveau personnel au niveau politique, du niveau local au niveau global, et inversement.
Construire le pouvoir collectif grâce aux mouvements permet de convertir la lutte pour les droits humains, l'égalité et la justice en une force politique pour le changement qui ne peut être ignorée.
« Seuls les mouvements sont en mesure de créer des changements durables à des niveaux que la politique et les lois seules ne permettraient pas d’atteindre. »
Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter S. Batliwala, 2012 Changer leur monde. Mouvements féministes, concepts et pratiques.
Syndicat Réseau Solidarité
Para fortalecer a nossa voz e poder coletivos para obter mais recursos de melhor qualidade para a organização feminista, de direitos das mulheres, de LBTQI+ e de aliados globalmente.
Annaliza était la présidente du Conseil de réforme agraire des pionniers de Mindanao, un groupe de coordination de la ville de Tacurong, aux Philippines.
Mère aimée de quatre enfants, sa communauté se souvient d’Annaliza comme de « celle qui dirige quand personne ne veut diriger, qui parle quand personne ne veut parler, qui a eu le courage d'aider les bénéficiaires de la réforme agraire à acquérir des terres ».
Annaliza a été abattue par des assaillants inconnus devant l'Université d'État de Sultan Kudarat (SKSU) alors qu'elle se rendait au lycée national Salabaca à Esperanza.
Sa famille a déclaré : « Naghihintay pa rin kami ng hustisya para sa kanya » (nous attendons toujours que justice lui soit rendue).
The current global economic crisis provides stark evidence that the economic policies of the last 3 decades have not been working.
The devastation that the crisis has wrought on the most vulnerable households in the Global North and Global South is a reminder that the formulation of economic policy and the realization of human rights (economic, social, political, civil and cultural) have for too long been divorced from one another. Economic policy and human rights do not have to be opposing forces, but can exist symbiotically.
Macroeconomic policies affect the operation of the economy as a whole, shaping the availability and distribution of resources. Within this context, fiscal and monetary policies are key.
These policies affect key prices such as interest and exchange rates that directly influence, among other things, the level of employment, access to affordable credit, and the housing market.
Applying a human rights framework to macroeconomic policy allows States to better comply with their obligation to respect, protect, and fulfill economic and social rights. Human rights are internationally agreed-upon universal standards. These legal norms are articulated in United Nations treaties including, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Article 1 of the UDHR states that, “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”
Although the UDHR was written about six decades ago its relevance is enduring. Many of the ideas address concerns and critical issues that people continue to face globally. Issues regarding inhuman punishment (Art. 5), discrimination (Art. 7), property ownership (Art. 17), equal pay for equal work (Art. 23/2), and access to education (Art. 26/1) are pertinent matters in countries South and North of the equator.
More specifically, States have an obligation under international law to respect, protect and fulfill human rights, including the economic and social rights of people within their jurisdiction. This is particularly relevant now given the financial crisis. In the U.S., regulation is skewed in favor of certain interests. The failure to extend government’s supervisory role in the context of social and economic change is a failure with regard to the obligation to protect human rights.
States should abide by key human rights principles to achieve economic and social rights. Some of the principles have potentially important implications for governance of financial institutions and markets, yet these possibilities have been underexplored.
Economic and social rights have a concrete institutional and legal grounding. Global declarations, international treaties, covenants, and, in a number of cases, national constitutions have incorporated aspects of the economic and social rights framework—providing an institutional infrastructure in national and international law.
Some have suggested that a consideration of global justice may not be a useful pursuit because of the institutional complexities involved. However, this does not get around that fact that global institutions already have an impact on social justice, both positive and negative.
It is useful to tease out the implications that elements of alternative frameworks have for economic governance, specifically those supported by existing institutions. Economic and social rights represent one such concrete framework. The framework is an evolving one, and ongoing discussion and deliberation is necessary to address underdeveloped areas and potential deficiencies.
This section is based on CWGL’s blog “Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies” (2012).
Na última década, os financiadores investiram significativamente mais dinheiro na igualdade de género; no entanto, apenas 1% do financiamento filantrópico e de desenvolvimento foi efetivamente direcionado para apoiar diretamente mudanças sociais lideradas por feministas
Na busca da abundância, e para acabar com esta escassez crónica, o inquérito WITM é um convite para os defensores do feminismo e da justiça de género se envolverem no percurso da recolha coletiva de testemunhos e de casos para mobilizar mais recursos financeiros de melhor qualidade e recuperar o poder no ecossistema de financiamento neste momento. Em solidariedade com os movimentos que continuam invisibilizados, marginalizados e sem acesso a financiamento central, de longo prazo, flexível e baseado em fundos fiduciários, o inquérito WITM destaca o estado efetivo dos recursos, desafia soluções falsas e aponta.
Benoîte was a French journalist, writer, and feminist activist.
She published more than 20 novels as well as many essays on feminism.
Her first book “Ainsi Soit-Elle” (loosely translated as “As She Is”) was published in 1975. The book explored the history of women’s rights as well as misogyny and violence against women.
Her last book, “Ainsi Soit Olympe de Gouges,” explored women’s rights during the French Revolution, centering on the early French feminist Olympe de Gouges. De Gouges was guillotined in 1793 for challenging male authority and publishing a declaration of women’s rights (“Déclaration Des droits de la Femme et de la Citoyenne”) two years earlier.
Anti-rights actors have had a substantive impact on our human rights framework and the progressive interpretation of human rights standards, especially rights related to gender and sexuality.
When it comes to the impact of conservative actors in international policy spaces, the overall picture today is of stasis and regressions.
We have witnessed the watering down of existing agreements and commitment; deadlock in negotiations; sustained undermining of UN agencies, treaty review bodies and Special Procedures; and success in pushing through regressive language in international human rights documents.
The CSW, held annually in March, has long been one of the most contested sites in the UN system. In March 2015, conservative efforts set the tone before events or negotiations even began; the outcome document of the Commission was a weak Declaration negotiated before any women’s rights activists even arrived on the ground.
At 2016’s CSW, the new Youth Caucus was infiltrated by large numbers of vocal anti-abortion and anti-SRHR actors, who shouted down progressive youth organizations. Again, intensive negotiations resulted in a lacklustre text, which included regressive language on ‘the family.’
Precisely when addressing women’s human rights is of urgent importance, the CSW has been rendered a depoliticized and weakened space. Using it to advance rights has become harder and harder since progressives’ energy is taken up trying to hold the ground against conservative backlash.
As the intergovernmental body responsible for the promotion and protection of human rights around the globe, the HRC is a key entry point for conservative actors. In recent years, this mechanism has been the scene for a number of damaging anti-human rights moves.
In conversation with other anti-rights actors, one strategy of conservative states, and blocs of states, is to aggressively negotiate out positive language and to introduce hostile amendments to resolutions, most often resolutions focusing on rights related to gender and sexuality.
To take one example, during the June 2016 session of the HRC, opposition was mounted towards a resolution on discrimination against women by the member states of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and allies. During contentious negotiations, multiple provisions were removed, including women’s and girls’ right to have control over their sexuality, sexual and reproductive health, and reproductive rights; and the need to repeal laws which perpetuate the patriarchal oppression of women and girls in families, and those criminalizing adultery or pardoning marital rape.
The HRC has also been the site of pernicious conservative initiatives to co-opt human rights norms and enact conservative “human rights” language, such as that of the Russia-led “traditional values” resolutions, and more recently the “Protection of the Family” agenda.
In 2015, moving their sights to another front, a number of religious right organizations began to target the Human Rights Committee, the treaty monitoring body for the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), a pivotal human rights instrument.
Anti-human rights groups mobilized in hopes of cementing their anti-abortion rhetoric into the treaty.
When the Committee announced it was drafting a new authoritative interpretation of the right to life, over 30 conservative non-state actors sent in written submissions, advocating their misleading discourse on ‘right to life’ - that life begins at conception and that abortion is a violation of the right - be incorporated in the Committee’s interpretation of article 6.
Conservative groups targeting the Human Rights Committee was a shift considering that historically anti-human rights actors have repeatedly attempted to undermine and invalidate the essential work of the treaty monitoring bodies, including the Human Rights Committee.
Anti-human rights actors were involved in lobbying towards the development of the new Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015, focusing again on rights relating to gender and sexuality. These efforts had limited traction in their attempts to embed regressive language in Agenda 2030.
However, after successfully pushing back against progressive language in the final text, conservative actors then pivoted to another strategy. In an attempt to evade state accountability and undermine the universality of rights, several states have repeatedly made reservations to the Goals.
On behalf of the African Group, Senegal claimed that African states would only “implement the goals in line with the cultural and religious values of its countries.”
The Holy See also made a number of reservations, stating it was “confident that the related pledge ‘no one will be left behind’ would be read” as meaning “the right to life of the person, from conception until natural death.”
Saudi Arabia went one step further, declaring that the country would not follow any international rules relating to the SDGs that reference sexual orientation or gender identity, describing them as running “counter to Islamic law.”
Anti-rights actors have made increasing headway at the UN General Assembly (GA). Most recently, during the 71st session in 2016, the GA was the scene of feverish anti-rights organizing in opposition to the new mandate created by the Human Rights Council resolution on sexual orientation and gender identity in June 2016: the Independent Expert on SOGI. Four separate attempts were made to undercut the mandate in GA spaces.
One approach was to introduce a hostile resolution at the Third Committee[1], led by the African Group, which in essence aimed to indefinitely defer the new mandate. While this approach was not successful, such an attempt in the GA to retroactively block the creation of a mandate brought forward by the Human Rights Council represented a new and troubling tactic - anti-right actors are now working to directly undermine the HRC’s authority respective to the General Assembly.
Another approach targeted the Fifth Committee (responsible for administration and budgetary matters) as an entry point to attack the mandate. In an unprecedented move a number of States attempted (again, unsuccessfully) to block the funding of UN human rights experts, including the new IE on SOGI[2],.
While these multiple efforts were unsuccessful in blocking the creation and continuation of the new mandate, the significant support they received, the novel strategizing employed, and the strong alliances built along regional lines through negotiations point to difficulties ahead.
[1] The Third Committee of the GA deals with agenda items relating to a range of social, humanitarian affairs, and human rights issues. Each year it discusses and issues resolutions on issues including the advancement of women, the protection of children, family, and youth.
[2] While UN Special Procedures experts (i.e. Special Rapporteurs, Working Group members and Independent Experts) work pro bono, some funds are generally allocated to facilitate country visits on the invitation of the national government, and support staff.