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Young feminist activists play a critical role in women’s rights organizations and movements worldwide by bringing up new issues that feminists face today. Their strength, creativity and adaptability are vital to the sustainability of feminist organizing.
At the same time, they face specific impediments to their activism such as limited access to funding and support, lack of capacity-building opportunities, and a significant increase of attacks on young women human rights defenders. This creates a lack of visibility that makes more difficult their inclusion and effective participation within women’s rights movements.
AWID’s young feminist activism program was created to make sure the voices of young women are heard and reflected in feminist discourse. We want to ensure that young feminists have better access to funding, capacity-building opportunities and international processes. In addition to supporting young feminists directly, we are also working with women’s rights activists of all ages on practical models and strategies for effective multigenerational organizing.
We want young feminist activists to play a role in decision-making affecting their rights by:
Fostering community and sharing information through the Young Feminist Wire. Recognizing the importance of online media for the work of young feminists, our team launched the Young Feminist Wire in May 2010 to share information, build capacity through online webinars and e-discussions, and encourage community building.
Researching and building knowledge on young feminist activism, to increase the visibility and impact of young feminist activism within and across women’s rights movements and other key actors such as donors.
Promoting more effective multigenerational organizing, exploring better ways to work together.
Supporting young feminists to engage in global development processes such as those within the United Nations
Collaboration across all of AWID’s priority areas, including the Forum, to ensure young feminists’ key contributions, perspectives, needs and activism are reflected in debates, policies and programs affecting them.
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.

Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
Only a year after it was founded, the members of Nadia Echazú started to work in haute couture and organized a fashion show in the historic Bauen Hotel.
They showcased five models and some workers of the textile cooperative walked down the runway with their own designs.
This was revolutionary not only because they were designing alternatives to mainstream fashion, but also because they were creating accessible, inclusive clothes for all trans and travesti bodies.
Feminist economies should also be about feeling amazing and comfortable in the clothes we are wearing.
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L’enquête est disponible sur KOBO, une plateforme en source libre de collecte, gestion et visualisation de données. Pour y participer, il vous suffit de cliquer ici sur le lien de l’enquête et de suivre les indications pour répondre aux questions.
La lucha por un mundo lleno de lugares de trabajo libres de todas formas de discriminación, estigma y exclusión es digna. Un mundo en el que el trabajo sexual sea descriminalizado y reconocido como trabajo es parte integrante de esto.
Un mundo donde todxs lxs trabajadorxs tengan condiciones de trabajo seguras, salarios dignos y puedan disfrutar de los mismos derechos como el acceso a la salud, pensiones, permisos por enfermedad, vacaciones, seguridad laboral y más, sin importar su género, raza, etnia, edad o capacidad.
Los derechos laborales son cuestiones feministas, y los sindicatos feministas desempeñan un papel clave en la promoción de los derechos legales, laborales y económicos de todxs lxs trabajadorxs, especialmente lxs trabajadorxs migrantes, lxs trabajadorxs domésticxs, lxs trabajadorxs informales y lxs trabajadorxs sexuales. Estas son personas que recientemente se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, su crisis de cuidados, los confinamientos, toques de queda y el aumento de la vigilancia y represión policial.
Aquí les presentamos las historias de activistas feministas y sindicalistas que luchan por mejores condiciones de trabajo y mejores mundos para todxs.
Elle a représenté l'International Disability and Development Consortium (consortium international sur le développement et le handicap) lors de la négociation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2001-2006). Son travail a été consacré à la réalisation de l'objectif de la Convention, à savoir la réalisation des droits humains universels par, pour et avec les personnes handicapées pour un monde inclusif, accessible et durable.
Selon ses propres mots, son leadership consistait à « … servir la communauté des personnes handicapées, en commençant par de petites tâches que d'autres pourraient ne pas vouloir faire».
Elle est décédée le 27 octobre 2017 dans sa ville natale de Rosario, en Argentine.
Pour en savoir plus sur María Verónica Reina, retrouvez son témoignage.
There are 47 questions in total, of which 27 are mandatory* and the remaining 20 are optional. The majority of questions are multiple-choice. We invite you to respond to all the questions.
Haga clic en la imagen para abrir el PDF.
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Descargar la guía «Hacia un ecosistema de financiamiento feminista» (PDF)
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Le salaire minimum en Géorgie est l’un des plus bas dans le monde. Cette réalité touche surtout les femmes.
Non seulement le pays a un écart de rémunération important entre les genres, mais les femmes travaillent également des heures plus longues et moins réglementées avant de rentrer chez elles pour s'occuper des tâches ménagères et de leur famille. Il n'y a pas de congé de maternité, pas d'augmentation de salaire pour les heures supplémentaires, pas d'assurance-chômage, et pas de congé de maladie ou d'autre protection sociale. Sous la pression d’organisations occidentales, les partis politiques oligarchiques géorgiens ont mis en œuvre des réformes qui détruisent l'État-providence, augmentent les mesures d'austérité et aggravent l'exploitation des travailleur·euses, le tout au profit des grandes entreprises qui applaudissent le pays pour sa «facilité à faire des affaires». Les médias, cooptés par des intérêts privés et corporatifs, sont partiaux sur ces questions ou les réduisent au silence. L'organisation syndicale reste l'une des rares options pour lutter pour les droits humains fondamentaux et pour tenir l'État et les entreprises responsables des violations et persécutions quotidiennes et généralisées contre les travailleur·euses, et en particulier les femmes.
Source: Minimum-Wage et entretien avec Sopo Japaridze dans Open Democracy
Resources to support feminist movements, policy-makers, and allies!
Laura was a leading activist and lawyer who campaigned fearlessly for the decriminalisation of sex work in Ireland.
She is remembered as “a freedom fighter for sex workers, a feminist, a mother to a daughter and a needed friend to many.”
Laura advocated for individuals in the sex industry to be recognised as workers deserving of rights. She advanced demands for decriminalisation, including initiating a judicial review at Belfast’s high court in respect of the provisions criminalising the purchase of sex. Laura stated that her intention was to bring the case to the European Court of Human Rights.
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