WHRDs are self-identified women and lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex (LBTQI) people and others who defend rights and are subject to gender-specific risks and threats due to their human rights work and/or as a direct consequence of their gender identity or sexual orientation.
WHRDs are subject to systematic violence and discrimination due to their identities and unyielding struggles for rights, equality and justice.
The WHRD Program collaborates with international and regional partners as well as the AWID membership to raise awareness about these risks and threats, advocate for feminist and holistic measures of protection and safety, and actively promote a culture of self-care and collective well being in our movements.
WHRDs are exposed to the same types of risks that all other defenders who defend human rights, communities, and the environment face. However, they are also exposed to gender-based violence and gender-specific risks because they challenge existing gender norms within their communities and societies.
We work collaboratively with international and regional networks and our membership
We aim to contribute to a safer world for WHRDs, their families and communities. We believe that action for rights and justice should not put WHRDs at risk; it should be appreciated and celebrated.
Promoting collaboration and coordination among human rights and women’s rights organizations at the international level to strengthen responses concerning safety and wellbeing of WHRDs.
Supporting regional networks of WHRDs and their organizations, such as the Mesoamerican Initiative for WHRDs and the WHRD Middle East and North Africa Coalition, in promoting and strengthening collective action for protection - emphasizing the establishment of solidarity and protection networks, the promotion of self-care, and advocacy and mobilization for the safety of WHRDs;
Increasing the visibility and recognition of WHRDs and their struggles, as well as the risks that they encounter by documenting the attacks that they face, and researching, producing, and disseminating information on their struggles, strategies, and challenges:
Mobilizing urgent responses of international solidarity for WHRDs at risk through our international and regional networks, and our active membership.
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Jessica est une artiste-activiste queer de Toronto, au Canada, mais qui vit actuellement en Bulgarie. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans la riposte au VIH, travaillant aux intersections du genre et du VIH auprès de populations clés (travailleurs·ses du sexe, femmes consommatrices de drogues, communautés LGBTQI, personnes incarcérées et, bien sûr, personnes vivant avec le VIH). Jessica aime créer du mouvement et réfléchir/entreprendre/élaborer des stratégies sur des interventions basées sur les arts. L'un des projets amusants qu'elle a lancé en 2013 était LOVE POSITIVE WOMEN (Femmes positives à l’amour), qui implique plus de 125 groupes et organisations communautaires du monde entier, du 1er au 14 février, pour célébrer les femmes vivant avec le VIH dans leurs communautés.
O inquérito global do WITM é um pilar fundamental da terceira edição da nossa investigação orientada para a ação: "Onde está o dinheiro para a organização feminista" (abreviado, "Onde está o dinheiro" ou WITM). Os resultados do inquérito serão aprofundados e explorados através de conversas profundas com ativistas e financiadores, e comparados com outras análises e investigações existentes sobre o estado do financiamento para feministas e para a igualdade de género globalmente
O relatório completo "Onde está o dinheiro para a organização feminista" será publicado em 2026.
Para mais informações sobre como a AWID tem chamado a atenção para o dinheiro a favor de e contra os movimentos feministas, consulte a nossa história do WITM e os nossos relatórios anteriores aqui.
La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.
La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.
Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.
Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.
Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».
Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.
En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.
Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.
Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.
Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.
Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.
La pandemia de COVID-19 le mostró al mundo la importancia de lxs trabajadorxs esenciales. Estamos hablando de limpiadorxs, enfermerxs, paramédicxs, trabajadorxs del hogar, transportistxs, las personas que trabajan en los supermercados, entre muchísimas otras. Su trabajo es atender y garantizar el bienestar de lxs demás y hacer funcionar nuestras economías.
Pero mientras ellxs nos cuidan…
Leila is a transnational feminist leader, strategist, and advisor with over 25 years of organizing, advocacy and philanthropic experience advancing human rights, gender equality, and sexual and reproductive rights and justice. She was born in Algeria and educated in the U.S., France, and Morocco; over her professional career, she has lived and worked in forty countries across Africa, Europe, Latin America and Asia. Leila currently serves as a Senior International Fellow at the Asfari Institute for Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut in Lebanon and as Senior Strategist for various feminist movements and organizations as well as the the Urgent Action Fund-Africa and Trust Africa on an initiative on Reimagining Feminist and Pan-African Philanthropies.
From 2017-2023, Leila held the position as Vice-President of Programs at Global Fund for Women where she oversaw its strategic grantmaking, movement-strengthening, global advocacy and philanthropic collaborations. At GFW, she doubled its grantmaking to over $17 million, launched its feminist and gender-based movements and crises work, created an adolescent girls program led by a girls’ advisory council and led its philanthropic advocacy work. Prior to that she served on the senior leadership team of Ipas from 2002 to 2016 where she published extensively on abortion rights and justice, lead global advocacy efforts and partnered with feminist groups working on self-management, community strategies and stigma reduction around bodily integrity and sexual and reproductive rights.
Leila is currently researching shifts in the philanthropic sector including recognizing non-institutional practices of giving resources in the Global South and efforts to decolonize practices in the Global North. She has written extensively on the political nature of veiling across North Africa and the Middle East, abortion practices in majority Muslim contexts and feminist approaches to sexual and reproductive health, rights and justice.
Leila holds an MPH in public health and a MA in Middle Eastern and North African Studies, studied Islamic law in Morocco and pursued doctoral studies in sociology in France. She studied Arabic and speaks French and English fluently. She is a mother of two feminist young women, an avid scuba diver, mountain bike rider, skier, and outdoor enthusiast.
الهدف الأساسي من وراء استطلاع "أين المال" هو تسليط الضوء على على وقائع التمويل المتنوّعة والمركّبة للحركات النسوية، حركات النساء، حركات العدالة الجندرية وحركات مجتمع الميم - عين والحركات الحليفة لها على المستوى العالمي. بناءاً على هذا، وبناءً على ذلك - تعزيز قضية تحويل أموال أكثر وأفضل وتحويل السلطة باتجاه الحركات النسوية.
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.
Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
Culturellement nomade, née à Hong Kong et enracinée dans un héritage turco-pakistanais, l'amour de Fatima pour les récits - tant pour les lire que pour les cocréer - a alimenté sa passion pour l'activisme à travers la communication. Forte de sa formation en journalisme, Fatima a travaillé pendant 7 ans dans les domaines de la communication numérique et médiatique avec des ONG qui offrent des opportunités d'éducation et de l’aide juridique aux réfugié·e·s et demandeur·se·s d'asile, ainsi qu'avec le mouvement féministe musulman qui applique une perspective féministe et fondée sur les droits dans la compréhension et la quête d’égalité et de justice au sein de la tradition juridique musulmane. Elle rédige régulièrement des tribunes sur les questions féministes dans les pays du Sud.
Grâce à la narration dans cette ère ultra digitale des réseaux sociaux, Fatima continue de collaborer avec des animateur·rice·s communautaires et des activistes de terrain pour créer du contenu audiovisuel dans le but de cultiver des ponts de compréhension vers la libération collective et la décolonisation. Les jours où elle ne travaille pas, elle regarde attentivement des films féministes indépendants venant d’Iran, du Maroc et du Pakistan, et les autres jours elle interprète de la poésie orale avec ses camarades à Kuala Lumpur.
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