Over the past few years, a troubling new trend at the international human rights level is being observed, where discourses on ‘protecting the family’ are being employed to defend violations committed against family members, to bolster and justify impunity, and to restrict equal rights within and to family life.
The campaign to "Protect the Family" is driven by ultra-conservative efforts to impose "traditional" and patriarchal interpretations of the family, and to move rights out of the hands of family members and into the institution of ‘the family’.
Since 2014, a group of states have been operating as a bloc in human rights spaces under the name “Group of Friends of the Family”, and resolutions on “Protection of the Family” have been successfully passed every year since 2014.
This agenda has spread beyond the Human Rights Council. We have seen regressive language on “the family” being introduced at the Commission on the Status of Women, and attempts made to introduce it in negotiations on the Sustainable Development Goals.
AWID works with partners and allies to jointly resist “Protection of the Family” and other regressive agendas, and to uphold the universality of human rights.
In response to the increased influence of regressive actors in human rights spaces, AWID joined allies to form the Observatory on the Universality of Rights (OURs). OURs is a collaborative project that monitors, analyzes, and shares information on anti-rights initiatives like “Protection of the Family”.
Rights at Risk, the first OURs report, charts a map of the actors making up the global anti-rights lobby, identifies their key discourses and strategies, and the effect they are having on our human rights.
The report outlines “Protection of the Family” as an agenda that has fostered collaboration across a broad range of regressive actors at the UN. It describes it as: “a strategic framework that houses “multiple patriarchal and anti-rights positions, where the framework, in turn, aims to justify and institutionalize these positions.”
THE TRANS EMPLOYMENT QUOTA
sanctioned by law is not being respected by companies and employers
Described by the Guardian as one of Kiribati’s national icons, Teresia was a fearless advocate who worked closely with feminist groups in Fiji.
She used her research to address the issues of feminism and gender in the Pacific, as well as being co-editor of the International feminist Journal of Politics. Her influence spanned the academic frontier as well as social justice movements in the Oceania region.
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.
Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
“Mis sueños y objetivos siempre han sido los mismos que los de Lohana Berkins: que la cooperativa siga de pie y no cierre. Seguir dándole este lugar a nuestras compañeras travesti, darles trabajo y un lugar de apoyo”
Brisa Escobar,
presidenta de la Cooperativa
Para recolher testemunhos centrados na realidade feminista sobre como o dinheiro circula e os bolsos em que entra;
Stella comenzó su carrera en el Ministerio de Género y Desarrollo Comunitario en Uganda colaborando con lxs legisladores en reformas legales, incluida la Constitución de Uganda de 1995, que estableció algunas de las reformas más progresistas para las mujeres en la región.
Stella es respetada y admirada en toda la región por sus incansables esfuerzos para crear y hacer cumplir leyes y políticas que tomen en cuenta cuestiones de género. También desempeñó un papel clave en la redacción de la Ley de Violencia Doméstica de Uganda y en la movilización de apoyo para las constituciones sensibles al género tanto en Uganda como en Ruanda.
A través de su trabajo con el Centro Internacional para la Investigación sobre la Mujer (ICRW, por sus siglas en inglés), abordó la violencia contra lxs niñxs y trabajó para fortalecer las capacidades de las organizaciones de base que abordan la violencia de género. Stella fue profesora en cursos sobre derechos de género y la ley, en la Universidad Makerere, y formó parte de las juntas directivas de Akina Mama wa Afrika, ActionAid International Uganda y Open Society Initiative para África Oriental.
توفير الموارد للحركات النسوية هو أمر أساسي لتوفير حاضر أكثر سلماً وعدالة ومستقبل أكثر تحرراً.في العقد الأخير، خصّص الممولون/ات أموال أكبر للمساواة الجندرية، لكن فقط 1% من التمويل الخيري والتنموي تحرك بشكل مباشر لتمويل حركات التغيير الاجتماعي بقيادة نسوية.
كي نسعى إلى الوفرة، والخروج من هذه الندرة المزمنة، يدعو استطلاع "أين المال" المناصرات/ين النسويات/ين ومناصرات/ين العدالة الجندرية بمشاركتنا في مشوار جمع الإفادات وبناء القضايا لحشد أموال أكثر وأفضل كي نغيرّ موازين القوى في المناخ التمويلي القائم اليوم. يتضامن استطلاع "أين المال" مع الحركات التي يستمر إخفاءها وتهميشها والتي لا يتاح لها تمويلا أساسيا، مرن وطويل الأمد مبن على الثقة. ويسلّط استطلاع "أين المال؟" الضوء على وضع التمويل، يتحدّى الحلول الزائفة ويُظهر كيف تحتاج نماذج التمويل أن تتغير كي تزدهر الحركات وتتعامل مع تحديات الزمن المركبة.
Ayant co-fondé le réseau Red de Mujeres Ixiles de Nebaj, une organisation de défense des droits des femmes autochtones, membre de l’Initiative mésoaméricaine des femmes défenseur-e-s des droits humains (IM-Defensoras en espagnol), Juana était actuellement membre de son conseil d’administration.
Elle était également sage-femme et mère de 7 enfants. Juana avait reçu des menaces de mort qui avaient été signalées au bureau du procureur. Juana est la troisième défenseure autochtone assassinée dans la région en 2018. L'Ombudsman pour le Guatemala a signalé qu'au total 20 défenseur-e-s ont été tué-e-s dans le pays cette année.
Juana Ramírez Santiago a été abattue par des assaillants non identifiés alors qu'elle traversait un pont à Nebak, Quiché, au Guatemala. Les enquêtes visant à identifier les auteurs sont en cours.
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