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CSW69: A pesar de un contexto precario, no todo está perdido

Al concluir la 69.ª Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) en la ciudad de Nueva York el 21 de marzo de 2025, las feministas reflexionaron sobre el impacto que tuvieron los actores contrarios a los derechos en los resultados de la sesión, en un contexto en el que parecía que los objetivos de justicia de género estaban a punto de ser sacrificados. 

Desde el principio, el contexto para el 30.º aniversario de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing no auguraba nada bueno. Para empezar, Arabia Saudita presidía la sesión; no era el mejor presagio para la esperada declaración política sobre la igualdad de género. También formaban parte de la Comisión países con antecedentes, tanto recientes como de larga data, contrarios a la igualdad de género, entre ellos Argentina. Además, en un impacto más amplio tanto para la CSW69 como para el panorama global de los derechos humanos, la administración de Trump había anunciado en febrero una prohibición de visas para atletas transgénero que podría extenderse potencialmente a todas las personas trans y afectar su participación durante las dos semanas del evento.

Durante su primer mandato, Trump había introducido una «prohibición a los musulmanes» que afectaba a quienes viajaban a Estados Unidos desde siete países de mayoría musulmana. La prohibición ha seguido afectando la capacidad de algunos viajeros para obtener visas estadounidenses, y Trump ha amenazado desde entonces con imponer una nueva versión más amplia. A todo esto se sumó el desmantelamiento masivo de la ayuda exterior por parte de Estados Unidos, seguido de cerca por anuncios de los Países Bajos, el Reino Unido y Francia, que también estaban realizando recortes profundos en sus presupuestos de desarrollo—, lo cual amenazaba la presencia de la sociedad civil en la CSW, particularmente la del Sur Global, y en otros espacios multilaterales en el futuro.

A pesar de los esfuerzos en sentido contrario de ciertos Estados miembros, la declaración política de la CSW de este año se adoptó por consenso, renovando los compromisos de los países con el marco pionero de la Declaración de Beijing de 1995 para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Lamentablemente, en el actual contexto geopolítico marcado por el auge del autoritarismo a nivel mundial, los representantes de Estados Unidos y Argentina se coordinaron muy bien para plantear objeciones cada vez que se mencionaba la palabra «género», entre otros términos relacionados con la «diversidad, equidad e inclusión» (DEI). Esta retórica contra el género y la DEI también resonó con fuerza por parte de Estados Unidos en las semanas previas a la CSW, durante las reuniones de las juntas directivas de agencias de la ONU, incluida ONU Mujeres, que apoya la celebración de la CSW. Esta obstrucción constante hizo que actores como la Santa Sede y Rusia —que tradicionalmente se han opuesto abiertamente a cualquier lenguaje progresista relacionado con el género y la sexualidad durante las negociaciones— parecieran casi razonables durante las negociaciones. Mientras tanto, Arabia Saudita, a pesar de su propio historial en materia de derechos humanos, se mostró dispuesta a que se adoptara por consenso una declaración política que reflejara positivamente su presidencia. 

Al final, no todo se perdió. El texto final incluyó la primera referencia de la historia a la violencia de género en una declaración política de la CSW, mantuvo la línea sobre la inclusión de las personas LBTQI, así como lenguaje sobre el reconocimiento, la reducción, la redistribución, la remuneración y la representación del trabajo de cuidados. Sin embargo, no debería sorprender que el documento final reflejara importantes retrocesos para el movimiento feminista. Lamentablemente, hay una ausencia total de menciones a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR) y a la educación sexual integral, así como un lenguaje débil en relación con el cambio climático. Algunos Estados miembros, de América Latina (excepto Argentina), el Grupo de las Montañas y la Unión Europea, lucharon por excluir del texto el término esencialista «maternidad», así como el lenguaje conservador en torno a «la familia».

Mientras que los grupos contrarios a los derechos, como el Centro para los Derechos Humanos y la Familia (C-Fam), se jactaban de la «indignación feminista» por la eliminación de referencias a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR) y a la educación sexual, a su vez lamentaban las referencias que sí se mantuvieron en el texto, como las al «género» y a las «formas de discriminación que se entrecruzan». Esta última, afirman, «se utiliza a menudo para introducir temas de identidad de género y orientación sexual». Algunos grupos contrarios a los derechos, como Ordo Iuris de Polonia, celebraron la presencia de una «coalición de organizaciones pro-vida» para impedir cualquier referencia a los derechos sexuales y reproductivos. C-Fam y sus aliados antigénero, tanto en la sociedad civil como entre los Estados miembros —incluidos los Estados Unidos—, centraron sus esfuerzos en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en la «protección» de las mujeres. Según su visión del mundo, esto requiere promover ideologías contra las personas transgénero, contra el trabajo sexual, contra el aborto, contra la pornografía y contra la reproducción asistida. 

En un giro interesante que refleja los debates globales más amplios sobre la «verdad» en los Estados autoritarios en expansión, los grupos contrarios a los derechos cuestionaron en la CSW las definiciones de desinformación e información errónea, así como el papel de la inteligencia artificial. Sin embargo, en esta CSW estos grupos repitieron gran parte de la retórica probada y comprobada de victimismo, así como su habitual apropiación del lenguaje de los derechos humanos. Por segundo año consecutivo, C-Fam organizó una CSW paralela —la Conferencia sobre la Situación de la Mujer y la Familia, o CSWF—, copatrocinada por la Fundación Heritage (conocida por el Proyecto 2025) y el grupo canadiense antiaborto Campaign Life Coalition, entre otros, debido a su supuesta exclusión de la CSW. Dirigiéndose a su propio público de jóvenes activistas de universidades cristianas de EE. UU. y grupos anti-género, como Family Watch International, el evento de dos días no reveló mucha retórica nueva ni contó con una asistencia particularmente alta. 

Lamentablemente, la misión de EE. UU. ante la ONU le dio credibilidad al evento al copatrocinar una sesión de C-Fam y pronunciar un discurso «sobre el ataque de la ideología de género contra las mujeres y la familia». Además, tras el CSWF, los jóvenes participantes contrarios a la perspectiva de género se enfocaron en eventos progresistas, tanto los organizados por los Estados Miembros como por la sociedad civil, intentando intimidar a los panelistas y participantes con comentarios y preguntas contra el aborto al final de las sesiones. Hubo una notable coordinación y un aumento en la coherencia a partir de 2024. Más que de costumbre, los grupos de oposición se enfocaron en un lenguaje de exclusión y en las denuncias de ser blanco sistemático del movimiento feminista. Intentaron participar en eventos que requerían inscripción previa e informaron de una mayor exclusión de los debates, lo que le dio credibilidad a sus denuncias de exclusión.

Se hizo alguna mención a la Declaración del Consenso de Ginebra como fuerza organizadora del movimiento anti-género en las Naciones Unidas, una vez más, incluso por parte del representante interino de Estados Unidos ante la ONU. Sin embargo, la mayoría de los nuevos temas identificados en las sesiones contra el género, tanto en el CSWF como en los eventos paralelos oficiales con los Estados miembros, se centraron en: contraponer la «maternidad» a la igualdad de género; el apoyo a la «salud mental» en el contexto de la atención posaborto y como alternativa a la atención de afirmación de género; y la continua cooptación de los derechos de las personas con discapacidad; además de un enfoque consistentemente antitransgénero, utilizando la narrativa de la «ideología de género». Lamentablemente, esto último se vio reforzado por la postura de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Su participación en línea en varios eventos paralelos anti-género de la CSW, junto a grupos como C-Fam y CitizenGO, no solo se dirigió contra las poblaciones transgénero, sino que además dio mayor visibilidad a los grupos antiaborto y anti-LGBTQI en general. Este año, CitizenGO contó con cinco autobuses, dirigidos tanto contra el aborto como contra las personas transgénero. 

«El flagelo de la pornografía» y el trabajo sexual como violencia contra las mujeres fueron, lamentablemente pero como era de esperarse, incorporados al discurso dominante por múltiples gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, encabezados por el Lobby de las Mujeres Europeas, quienes se aliaron en eventos paralelos para insistir en argumentos muy similares. Estos eventos equipararon la prostitución con la trata sexual y la explotación digital, haciendo hincapié en cómo la tecnología aumenta las vulnerabilidades. Las ponentes destacaron los fracasos de los modelos de legalización y despenalización y abogaron por el modelo abolicionista; además, enfatizaron la necesidad de cambios legislativos, de una defensa liderada por las sobrevivientes y de coaliciones internacionales para impulsar el modelo abolicionista en toda Europa.

Aunque su incesante discurso de victimismo haría creer a la mayoría lo contrario, esta 69.ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) demostró cómo los actores contrarios a los derechos nunca han estado tan envalentonados. Estos grupos y Estados miembros siguen participando en el espacio multilateral, buscando debilitarlo desde dentro a través de su estructura interna, al tiempo que lo atacan y le retiran fondos desde afuera. Dado que esto ocurre a nivel mundial y desde los espacios de la ONU, tanto en la ciudad de Nueva York como en Ginebra, es probable que el marco normativo de los derechos de las mujeres siga perdiendo poder y valor. 

Por ello, esperamos que la próxima 58.ª Comisión de Población y Desarrollo, del 7 al 11 de abril, también sea una negociación difícil. La sesión del Consejo de Derechos Humanos, que aún está en curso al momento de escribir este artículo, muestra tendencias similares. Las crecientes dificultades para exigir rendición de cuentas a los Estados que no implementan o violan esos marcos normativos han hecho que las feministas se muestren cada vez más críticas con espacios como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Las dudas sobre la relevancia de la ONU, combinadas con su creciente inaccesibilidad, probablemente alejarán a más y más feministas de los espacios de política internacional, lo que facilitará aún más que los grupos contrarios a los derechos se hagan con el control. Pedir un mayor acceso de la sociedad civil —ya sea a través del proceso de revitalización de la CSW o del debate sobre los métodos de trabajo que se llevará a cabo el próximo año— sería una forma de resistir. Las organizaciones de la sociedad civil han abogado constantemente por más y mejores formas de contribuir y formar parte del debate. Es hora de que los Estados miembros a quienes les importa el sistema de la ONU actúen en base a esas numerosas recomendaciones.

El Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos desea agradecer a las integrantes del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de la Mujer que contribuyeron a la cobertura de la 69.ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) y a la elaboración de este documento.

Este artículo se publicó por primera vez en el sitio web del Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos, el 1 de abril de 2025.

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