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Persiste Amenaza Contra Activistas Silvia Vázquez Y Blanca Mesina

México, D.F., 12 mar 10 (CIMAC).- A tres días de que el gobierno de Baja California otorgó medidas cautelares a las defensoras de Derechos Humanos, Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevarez, éstas no se han cumplido eficazmente y las amenazas continúan, informaron las Comisiones Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que ahora los familiares de ambas defensoras recibieron nuevos actos intimidatorios.

De acuerdo con el comunicado, Margarita Nevarez, madre de Blanca Mesina y esposa de uno de los 25 policías detenidos arbitrariamente y torturados por elementos militares, recibió una llamada de un supuesto “agente de la AFI”, quien le comentó que su hija había sido detenida por portación de armas y que se comunicara a otro número telefónico para que les dijeran en donde se encontraba, lo cual era falso.

En tanto, la familia de Silvia Vázquez ha sido víctima de actos de hostigamiento por parte de personal militar. A las 12:24 horas los padres de Silvia circulaban en su vehículo a una cuadra de su domicilio, sobre el Bulevar Cucapá, cuando se acercó un convoy militar de unos 25 vehículos, entre patrullas y picukps sin insignias. El convoy hizo un acercamiento al automóvil de sus padres por unos segundos y luego continuó su marcha.

Por lo anterior las organizaciones pidieron al gobierno federal que asuma su papel de garante en el cumplimiento de los acuerdos y que el gobierno de Baja California investigue los hechos de amenazas e intimidaciones de que han sido objeto Blanca Mesina y Silvia Vázquez y sus respectivas familias.

También exigieron que se implemente de manera urgente la custodia personal solicitada para garantizar la protección de la vida e integridad física de ambas e instaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a hacer un llamado para que se cumplan las medidas cautelares y se informe a las beneficiarias y a los peticionarios sobre la fecha, hora, procedimiento y seguimiento de las medidas cautelares.

Cabe destacar que este hecho no es nuevo. Están ampliamente documentados los casos en donde las medidas cautelares no se cumplen en tiempo y forma. A Cipriana Jurado Herrera y Obtilia Eugenio Manuel, ambas activistas amenazadas e intimidadas por su labor a favor de los derechos humanos, les otorgaron estas medidas pero de manera insuficiente.

Cipriana Jurado Herrera fue detenida en 2008 por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) por una denuncia, de la que no recibió notificación, y que “supuestamente” interpuso Caminos y Puentes Federales por participar en unas protestas contra el feminicidio y los Cazamigrantes en 2005.

Por ello, Amnistía Internacional (AI) solicitó medidas cautelares para la seguridad de Cipriana Jurado, quien trabajó el caso de homicidio de Saúl Becerra Reyes. Asimismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se unió a la petición. Sin embargo, se le otorgaron pero no de manera satisfactoria.

Al igual que ella, Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), en la Montaña de Guerrero, obtuvo la misma respuesta de parte del Estado Mexicano después de que la CIDH dictó para ella y su esposo medidas cautelares, luego de que fue victima de amenazas de muerte por denunciar las violaciones sexuales cometidas por militares.

10/AGM/LR

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Regiones: América Latina, Norteamérica

Temas: Civil & political rights, Democracia, Violencia contra la mujer

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Tipo de contenido: Noticias

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