Estado Mexicano, Sin Protocolos Para Atender Agresiones A Comunicadoras Y Activistas, Denuncia CEDAW
Expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, cuestionaron al Estado mexicano sobre la ausencia de protocolos con perspectiva de género para atender y proteger de las agresiones a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
El Comité de la CEDAW reconoció que de 2005 a 2012, fueron asesinadas 13 mujeres periodistas y más de 100 denunciaron algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor, mientras que en los últimos 12 años, fueron ejecutadas 11 defensoras sin que alguno de los casos haya sido aclarado.
La española Soledad Murillo de la Vega, relatora para México, y la experta afgana Zohra Rasekh, preguntaron al Estado mexicano durante su comparecencia sobre las medidas de protección e investigación de las defensoras y mujeres periodistas, así como qué órgano es el responsable de la aplicación de las medidas de protección para ellas.
Ante esos cuestionamientos el Estado mexicano no dio respuestas concretas, ni datos claros que demuestren la efectividad de las acciones gubernamentales para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Los temas que más despertaron el interés de las expertas fueron trata, violencia, impunidad, derechos reproductivos y la efectividad de las acciones gubernamentales para aplicar la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres.
“¿No es acaso justo hacer de la violencia y de las mujeres una causa de prioridad nacional?” preguntó al gobierno mexicano la experta francesa Nicole Ameline, tras escuchar la intervención de apertura de la sesión de la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío García Gaytán.
“Usted ha reconocido el estado de violencia y la impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles ¿tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar los procesos de coordinación?”, interrogó nuevamente Ameline.
Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Dilcya García, contestó: “hay una condena absoluta total y frontal por parte del Estado mexicano a la violencia contra cualquier defensora y cualquier periodista, reconocemos un problema relacionado con el fenómeno y la impunidad”, acto seguido leyó la ley de protección de defensoras y periodistas.
El comité de expertas recomendó armonizar la ley sobre el aborto, “nos hemos sorprendido muchísimo de las enmiendas constitucionales para garantizar la vida desde la concepción, han analizado cómo estas enmiendas pueden agravar las condiciones del aborto, cómo afectan las restricciones del aborto a las mujeres de violación por incesto, cómo esto incide a un embarazo coercitivo”, dijo la experta cubana Magalys Arocha Domínguez. La respuesta a esta interrogante la dio la representante de la Secretaría de Salud, Aurora del Río, quien aseguró que existe una confusión de las mujeres porque pese a las modificaciones constitucionales, existen diversas causales donde no es punible, entre ellos la de violación. “Estamos capacitando al personal de Salud para que no tenga duda de la vigencia”, aseguró.
Por último, Soledad Murillo de la Vega pidió al Estado mexicano explicar “cómo es que a un tratante de personas se le aplican cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel. No se pueden tener 16 mil violaciones y tres por ciento de condena, no nos cuadran los datos”, concluyó.