Asesinatos De Mujeres. El Estado Mexicano Llamado A Rendir Cuentas Ante La CIDH

Leonardo Bastida Aguilar
México DF, junio 15 de 2009.

“Sí hay feminicidios en Ciudad Juárez, pero no sólo ahí”, fue lo que dijo la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, según relata la abogada Karla Michel Salas Rodríguez, al hablar sobre la comparecencia del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Campo Algodonero.

Torturada, violada, golpeada, mutilada, abandonada, son parte de los rasgos que presentan los cadáveres de mujeres asesinadas en sus hogares a manos de su pareja sentimental o en cualquier otro lugar por un asesino “anónimo”.

“Por putas”, fue por mucho tiempo la explicación de autoridades y la sociedad en general. Oídos sordos pretenden ser ajenos a la realidad, muchas de estas mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de serlo.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) define este delito como el asesinato de niñas y mujeres cometido por hombres por el simple hecho de ser mujeres, y que responde al poder abusivo que la discriminación de género otorga a ellos.

En entrevista con Letra S, Yesenia Peña Sánchez, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), especialista en antropología sexual y de salud, se refiere a la problemática social que envuelve a estos crímenes. “Esto no es un problema personal, que por conductas y actitudes el individuo se lo buscó, sino que es una práctica social que se legitima como forma de saneamiento para mantener la hegemonía del sistema, lo cual es imposible de justificar como natural, ya que es un ejercicio no sólo sexista sino de exterminio”.

Muerte en el desierto
Ciudad Juárez es el caso más emblemático en México. Tiraderos de chatarra de autos, calles y baldíos en medio de la ciudad son los sitios donde aparecen osamentas femeninas con meses en descomposición y visibles huellas de violencia.

Muchas de ellas son jóvenes entre 14 y 18 años. El registro de más de 500 asesinatos y poco más de un millar de desaparecidas -catorce en los últimos meses- abren una llaga dolorosa en esta ciudad fronteriza.

Reportes del OCNF indican que Juárez no es la localidad del país donde más ocurren estos hechos: 246 mujeres y niñas fueron asesinadas en 12 estados de la República entre agosto y diciembre de 2008.

El estado de México encabeza la lista con 94 casos en los últimos meses. La invisibilización absoluta de estos crímenes -denuncian Elsa y Maribel, mujeres activistas de la localidad- se debe a “dádivas” del gobierno como apoyos económicos, despensas, “políticas de apoyo” a madres solteras, que impiden a las mujeres denunciar hechos violentos, “ya que se los pueden quitar”.

Impunidad, falta de sensibilización de las autoridades, prejuicios, caso omiso a recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, falta de atención por parte del Estado mexicano a este fenómeno, “son las causas por las que se debe juzgar a México” explican David Peña y Karla Michel Salas, abogados mexicanos de las tres madres del Campo Algodonero en Ciudad Juárez en el juicio interpuesto ante la CIDH.

“No hay elementos para decir que son agentes del Estado mexicano quienes mataban a las mujeres directamente”, narra la abogada al referir la respuesta que México dio a
la CIDH.

Sin embargo, argumenta Salas, “es una obligación del Estado mexicano garantizar la vida de las mujeres y respetar la Convención de Belem do Pará, así como ejecutar acciones para lograr una vida libre de violencia”.

El hallazgo en 2001 de ocho osamentas en el Campo del Algodonero -predio céntrico de Ciudad Juárez-, negativas a investigar el caso y sancionar, fabricación de evidencias, extravío de pruebas, amenazas a familiares de las víctimas por parte de funcionarios públicos y una mala identificación de los cuerpos en la que no hubo sensibilidad por parte de las autoridades fueron los motivos para iniciar este juicio.

“Eran niñas, estudiantes. La única motivación de su asesinato era el hecho de ser mujeres. No se encontró otro elemento”, menciona el abogado David Peña.

Justicia para las mujeres
“Se debe reconocer que se mata, se desaparece y se viola a mujeres por el hecho de ser mujeres”, indica Peña al explicar una de las principales exigencias al gobierno de México ante la CIDH. En el juicio se exige justicia para las víctimas y sus familiares porque “se violan sus derechos humanos con la negativa a garantizar el acceso a la justicia”, comenta Salas Rodríguez.

Se espera que la sentencia contenga tres elementos: indemnización económica a los familiares de las víctimas, reconocimiento público gubernamental de los hechos, y una garantía de no repetición, lo cual obligaría a reformar las legislaciones locales y federales.

Asimismo, se solicita el establecimiento de protocolos de investigación específicos para homicidios de mujeres con el fin de erradicar la desigualdad, el abuso de poder y la impunidad.

Tildar estos asesinatos de crímenes pasionales es un blindaje del Estado, ya que no existe la categoría como tal, argumenta la abogada Salas, sólo existe el término “emoción violenta” y es una atenuante, se considera “pasional” por el criterio del juez.

Este hecho abre la puerta a prejuicios como por qué salían solas en la noche o se vestían así, indica Peña, lo cual las estereotipaba y permitía culpar de su muerte a un maniático sexual o un asesino serial.

“Se busca una reforma integral en la que no sólo se sancione a los autores materiales del crimen, sino también a funcionarios públicos que han entorpecido las investigaciones e invisibilizado la situación”, dijeron los abogados.

“Desde 1993 no se sanciona a nadie, eso es parte de los cambios que se tienen que generar dentro de un Estado en el que ser mujer implica la negación al acceso a ciertas garantías”.

En los últimos días, medios informativos de Ciudad Juárez han reportado que, desde abril pasado, su madre busca a Lizbeth. Ella tiene 17 años. Salió a buscar trabajo al mercado Reforma y no regresó. “Probablemente es víctima de la trata de personas”, dijeron autoridades en 2001 que no han enviado el expediente a instancias federales, encargadas de investigar este tipo de delitos. La madre piensa que “no la atienden por ser pobre”.