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Participarán en el seminario internacional “Incidencia en red: el desafío que los Estados cumplan con los derechos humanos de las mujeres” en el Palacio de Minería.

Dos mujeres activistas, ambas integrantes de una organización de derechos humanos del estado de Oaxaca, en el sur de México, están sufriendo amenazas y acoso.  

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, Capítulo Sucre, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y las autoridades nacionales una nueva amenaza que atenta contra la integridad física de la defensora de derechos humanos y secretaria técnica del MOVICE Capítulo Sucre INGRID VERGARA y su familia.

Durante el  veinticuatro día de audiencias del juicio por genocidio contra los militares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, el Tribunal “A” de Mayor Riesgo afirmó que el presente debate debe continuar, “no hay ninguna anulación del debate” explicó la Jueza Barrios. El tribunal aclaró que cumple con la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones, que ordenó no anular el debate para no revictimizar a las personas agraviadas.

"Después de tres décadas de reforma económica y desarrollo, las jóvenes trabajadoras tienen aún por delante un largo camino que recorrer en China para conseguir un salario digno por un trabajo decente".

El 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), esto ocurre después de que este Protocolo fuera firmado por 41 países y ratificado por 10. A pesar de que México fue uno de los países que impulsó la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de países firmantes.

El 30 de abril, la prominente traductora y activista cultural y por los derechos de las mujeres Ayşe Berktay ganó el Premio Libertad para Escribir PEN/Barbara Goldsmith 2013.

El Observatorio ha recibido con indignación informaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) acerca de los actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas contra la Sra. Sofía López Mera, abogada y fundadora de la Corporación Justicia y Dignidad[1].

Las presiones para que Beatriz desista de su decisión y petición a las instancias responsables del Estado Salvadoreño para que permitan al personal médico terminar con su embarazo sin procesarles penalmente, parecen no tener límites y sobre todo reflejan la inversión de muchísimos recursos.