Comunicado De La Coordinadora Nacional De Mujeres Campesinas, Rurales E Indígenas (CONAMURI)
La Conamuri, ante las supuestas imputaciones que pesan sobre Magui Balbuenay otros líderes de organizaciones sociales y políticas que se manifestaran en laciudad de Caaguazú, durante cuatro días en contra del gobierno golpista que actualmente usurpa el poder;
manifestamos cuanto sigue:
- Ratificamos que en Paraguay hubo un Golpe de Estado Parlamentario, que busca frenar nuestro proceso democrático, amenaza a nuestra SoberaníaNacional y pone al servicio de las multinacionales nuestros más preciadosrecursos naturales.
- Denunciamos la criminalización de las luchas sociales, porque consideramos que este tipo de medidas forma parte de una persecución política que históricamente busca acallar las voces del sector popular.Exigimos el cese de la criminalización de la protesta social, amparadosen la Constitución Nacional en que su art. 32 garantiza la“libertad dereunión y de manifestación”.
- Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la compañera MaguiBalbuena, incansable luchadora social en defensa de las reivindicacionespopulares y de las mujeres campesinas e indígenas. Del mismo modo, nossolidarizamos con los compañeros Abel Recalde, del Partido Tekojoja; HildaMontiel, del PPC; Eugenio Cristaldo, del PDC; y César Ortega González, del P-MAS, sobre quienes también pesa la acusación de “supuesto hecho puniblede coacción e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”.
- Acompañaremos la toma de declaración de la Fiscalía muy atentamente yante cualquier irregularidad estaremos difundiendo la denuncia internacionalde que en Paraguay el fantasma de la dictadura vuelve a posarse sobre lasreivindicaciones y reclamos populares y no dudaremos en exigir el debidoproceso y el respeto de los derechos humanos de nuestras compañeras ycompañeros afectados.
- Invitamos a la ciudadanía a estar alerta ante este tipo de medidas arbitrariaspor parte del actual gobierno de facto, que teniendo todos los condimentosde una dictadura en ciernes, pretende revivir los procedimientos arbitralesque nacían al resguardo de la Ley 209 durante el régimen de Stroessner, lacual penaba toda oposición y pensamiento diferente bajo la falacia de la “pazy seguridad pública”.
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